• Domingo 4 de marzo de 2018

Pensiones: del Descontento a las Soluciones


La mitad de los adultos mayores aspira a conseguir una pensión equivalente al 94% del ingreso laboral actual de sus hijos, estimado hoy en una mediana de $ 400.000 mensuales. Esto, pese a que se trata de un grupo de la población que en el caso de las mujeres cotizó en promedio durante 10 años, mientras que los trabajadores hombres ahorraron durante un promedio de 22 años. La mediana de esas personas, todos mayores de 65 años y pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos estratificados en Chile, estima que una pensión razonable para vivir, suponiendo que en su hogar hay otros integrantes que también aportan recursos, es de $ 375.000 al mes.

Lo anterior forma el nervio central del diagnóstico al que llegaron 12 expertos y profesionales de distintas áreas convocados en agosto de 2016 por el coordinador microeconómico de Clapes UC, Salvador Valdés, para integrar el “Grupo Mejores Pensiones para Chile”.

Tras nueve meses dedicados a analizar con un enfoque multidisciplinario el debate sobre el funcionamiento del sistema previsional y generar propuestas transversales incluso a la industria de AFP, en enero de este año la agrupación finalmente materializó el esfuerzo colectivo de sus miembros, en el que también colaboraron otras entidades, con la publicación del libro Pensiones: del Descontento a las Soluciones.

En el texto participaron, además de Valdés, Carolina Altshwager, Eduardo Arriagada, Juan P. Bravo, Julio Bustamante, Álvaro Clarke, Gonzalo Cordero, Pablo Julio, Rosa Kornfeld, Roberto Méndez, Consuelo Moreno, José Luis Ruiz y Vicente Valjalo. El prólogo fue escrito por el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien presentará el libro el próximo jueves 8.

Valdés destaca que tanto el documento como el trabajo colectivo de sus autores se suman a una nueva manera de abordar las políticas públicas, “que reconoce la creciente voz que amplios sectores sociales están ejerciendo en el debate público”. Así, añade el académico de la UC, en el texto, “la percepción por parte de los distintos sectores de la población juega un rol mucho mayor que antes en el diagnóstico y en el diseño de propuestas. Los datos sobre percepciones se suman a la medición dura de los costos y beneficios que cada propuesta tiene para distintos grupos y sectores sociales”.

El libro -dividido en cinco capítulos- no sólo dedica sendas páginas a un crudo diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema previsional chileno, sino también a desmenuzar las razones que explican por qué las pensiones que se generan en el pilar contributivo son bajas y en cuánto de aquello los propios afiliados son responsables. Para eso, el informe no sólo se sustenta en los datos y estadísticas oficiales, sino también en antecedentes con los que cuentan organismos internacionales como la Ocde y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los cuales es miembro el Estado chileno.

Pero entre los principales insumos también destaca la información y estadística recogidas por el estudio de percepciones De la decepción de los pensionados al temor de los ocupados, el cual fue financiado por la Fundación Oportunidad Mayor, una iniciativa del empresario Nicolás Ibáñez. El libro también contó con el apoyo del Instituto de Sociología UC.

Según Valdés, mediante una encuesta, dicho estudio dio con un dato determinante que permitió cuantificar en $ 205.000 mensuales la brecha entre el monto de la pensión efectiva que reciben los actuales pensionados y el monto que ellos mismos calificaron como razonable de percibir.

“En nuestro estudio concluimos que el monto representativo de las pensiones efectivas hasta hace poco era de $ 164.000 al mes, a lo que se puede sumar algo más por la exención de cotizar el 7% en salud, beneficio que cubre al 80% de la población, que es bastante. Así, llegamos a un monto representativo de pensión actual de unos $ 170.000 al mes y, según lo que reveló la encuesta que aplicamos, frente a la pregunta de cuánto sería una pensión razonable, tomando en cuenta que otras personas del hogar también aportan, la respuesta más representativa entre las personas mayores de 65 años fue que esa pensión razonable era de $ 375.000 al mes”, explica el economista.

Pero ¿qué hay detrás de esta aspiración por parte de los pensionados en Chile? El libro plantea que la respuesta está en el crecimiento significativo que ha experimentado la denominada clase media chilena en los últimos 25 a 30 años, la cual si bien se percibe como vulnerable, dado que sigue enfrentando necesidades y riesgos en salud, vivienda e incluso educación, sí ha logrado mejorar sus ingresos laborales e incluso duplicarlos, impulsando con ello también sus expectativas para la etapa de retiro.

“La pensión razonable a la cual hoy aspiran los adultos mayores de 65 años es de $ 375.000, pero el ingreso laboral representativo hoy, el de los trabajadores actuales que son sus hijos, es de $ 400.000 líquidos. Entonces, estamos frente a un grupo de personas que aspira a recibir en su etapa de retiro el 94% de los ingresos que perciben sus hijos. La mitad de la gente aspira de ahí para abajo y la otra mitad de ahí para arriba”, aclara el experto.

Un mal que dura 100 años

¿Es razonable o no esperar una pensión que casi llega al mismo monto del actual ingreso laboral medio en Chile? La respuesta dependerá del sistema en que ahorraron, la regularidad (densidad de cotizaciones) y los salarios que percibieron en su etapa laboral activa.

Y es que están las características propias de una economía emergente como es la chilena y que en el libro se recogen exhaustivamente. “El sistema chileno es una política pública y es bastante buena a nivel internacional. No hay modelo perfecto, hay que adaptarse a las condiciones de cada país y en el caso de los emergentes, como Chile, hay condiciones adicionales que dificultan que este tipo de políticas funcione todo lo bien que uno quisiera”, enfatiza Valdés.

¿Cuáles son esas condiciones? En particular, responde, que en todos los países emergentes el sector de ocupados informales o de quienes no tienen empleo con seguridad social es muy importante. También que eso está presente en las estadísticas de México, Brasil, Perú y también de los países de Asia y África. “Estamos aún en una situación emergente, en que en un mes determinado de la población de entre 20 y 64 años cotiza sólo el 40%, incluyendo al que trabaja en el hogar y no cotiza, pero que también llegará a los 65 años. Ese mismo número para un país desarrollado anda entre 65% y 70%”, dice.

“Esta relación de 40%-65% o 70% ha sido una constante en Chile en los últimos 100 años. Ha tenido fluctuaciones, pero ha sido así desde los años 20, cuando en 1924 se crea la primera política pública general de pensiones, que fue el seguro obrero”, añade.

¿Por qué es tan baja la densidad de las cotizaciones en los mercados emergentes? La punta de la madeja, asegura el economista, está en la baja participación laboral de la mujer, sobre todo en niveles de ingresos bajos, y que en Chile es donde radica la mayor falencia en el mercado laboral remunerado. Además, en los países desarrollados hay mayor participación en empleos con seguridad social, en parte, porque hay fiscalización efectiva, lo que en el caso local es otra falla: la Dirección del Trabajo (DT) chilena si bien no puede demandar al empleador por incumplimiento en materia de seguridad social, sí puede fiscalizar y emitir multas. El estudio reveló que entre el 11% y 12% de los empleadores no cumple las obligaciones previsionales.

¿Mejorar o partir de nuevo?

El gobierno saliente perdió la batalla de seguir con su reforma previsional en el Congreso, mientras que el entrante se comprometió con cambios que aún no están definidos del todo, advierte Valdés, razón por la que el libro plantea que la sustentabilidad financiera de las propuestas que exponga la nueva administración es prioritario.

El documento, de hecho, advierte que uno de los principales riesgos para la sustentabilidad financiera de la parte no contributiva del sistema de pensiones chileno, es decir, aquella parte que financia el Estado, por ejemplo, a través del Pilar Solidario y las denominadas pensiones mínimas con garantía estatal, enfrenta una seria amenaza de la mano de la creciente disminución demográfica de la población chilena. Este fenómeno, a la postre, no sólo merma la capacidad productiva de un país, sino también afecta la recaudación previsional de los sistemas contributivos y también la recaudación de ingresos fiscales (impuestos) clave para financiar los sistemas no contributivos y/o de reparto.

“En Chile, el ingreso promedio es de unos $ 400.000. Es aún modesto, pero es mejor que hace 20 años, de $ 200.000 en moneda de hoy. Dado el nivel de esos ingresos laborales, la parte contributiva de las pensiones está bastante acotada y la no contributiva, aquella que recibe subsidios, está acotada, porque, la capacidad de recaudar impuestos en una sociedad con este nivel de ingresos es modesta y si, además, reduce su población, el impacto es mayor. Esa es nuestra realidad y hace insustentable elevar los gastos con recursos contemporáneos, cotizaciones o impuestos generales, porque la caída en el número de niños reducirá el número de contribuyentes en el futuro”, alerta Valdés.

De ahí que una de las principales propuestas del grupo es crear un nuevo seguro social para contingencias graves, que pueda ser usado por los pensionados en caso de enfermedad o discapacidad y que se financie con una parte del aumento de la tasa de cotización obligatoria. Este seguro se plantea con una transición de 10 a 20 años y, si no es usado, no es heredable.

También plantean la creación de un “beneficio por cuidado”, de cargo fiscal, para quienes conviven con personas de la cuarta edad con dependencia severa.

En la lista también está la creación de un seguro para los pensionados por retiro programado, cuya pensión haya bajado más de 30%. Este instrumento sería contributivo, financiado con parte del saldo disponible al jubilar y se podría allegar otro de tipo fiscal. Una cuarta idea es terminar con la discriminación en las pensiones mínimas efectivas entre los afiliados a los distintos regímenes, tras la reforma de 2008.

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